24.3.10

HOY 24 DEMARZO LAS FACCIONES DE IZQUIERDA,LOS ORGANISMOS DE DDHH Y LA SUBVERSION RESIDUAL CONMEMORAN CON VISION SESGADA EL GOBIERNO MILITAR DE 1976

"NUESTRA HISTORIA 70" BOLETINES PARA COLECCIONAR Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada. B168- Profunda afectación a la Defensa Nacional. Parte 1ra 24 de Marzo de 2010 Temas desarrollados Antecedentes La nueva ley de Defensa Nacional 23.554 del gobierno radical. Consideraciones sobre el contenido de este boletín: REFLEXION Antecedentes . En 1983, el gobierno militar de facto (1976 - 83) llamó a elecciones generales de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional. Como consecuencia de las mismas resultó electo presidente el doctor Raúl Ricardo Alfonsín cuyo partido había expresado que el objetivo respecto al sector militar era : “disminuir de una vez y para siempre el papel político de las FFAA en el país”. Esta declaración de contenido lógico y aceptado por los integrantes de las mismas fuerzas por las experiencias históricas vividas, tenía un acento político que iba a ir mucho más allá de su significado literal y que terminaría afectando notablemente la Defensa Nacional. Alfonsín líder del ala izquierda del partido Unión Cívica Radical fue quien, en 1972 se desempeñó como defensor de Mario Roberto Santucho, máximo dirigente del “Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP”, brazo armado del “Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)”, en el juicio por el secuestro y asesinato del presidente de FIAT Argentina Dr Oberdam Sallustro. En su alegato, Alfonsín expresó: “los subversivos no son delincuentes, sino combatientes, integrantes de un ejército revolucionario del pueblo alzado en armas en rebelión abierta, en operaciones”, palabras significativas que luego serían contradecidas por decretos del mismo Alfonsín al asumir la presidencia de la Nación. 1. Los “Derechos Humanos” usados como estrategia política para debilitar las FFAA. A los tres días de asumir Alfonsín dictó dos decretos (157 y 158/83) para enjuiciar; por un lado a los miembros de las tres primeras juntas militares y por el otro, a un pequeño número de dirigentes subversivos terroristas, dentro del cual llamaba la atención que sólo uno de ellos pertenecía al PRT-ERP y todo el resto a Montoneros. Por estos decretos - que daban por iniciado el conflicto armado a partir del 24 de marzo de 1976 , cuando era público y notorio que el conflicto había comenzado más de una década antes - se pretendió implantar la “teoría de los dos demonios” según la cual se desfiguraba el concepto de “guerra revolucionaria” que se había vivido en nuestro país, presentándolo como un conflicto sólo entre militares y terroristas, mientras se hacía abstracción del resto de la sociedad, blanco inicial y prioritario del ataque subversivo. (ver B105) Esta alteración deliberada tenía un falso doble mensaje dirigido a la opinión pública : · “Los políticos no somos responsables de la guerra ni de los muertos” · “El gobierno es ecuánime al juzgar a ambos actores del conflicto armado interno”. Para ratificar la hipocresía del gobierno de Alfonsín, es interesante transcribir algunos párrafos del libro “Memorias de Gorriarán Merlo”, un terrorista asesino confeso que en la pág 460 expresa: “… Recuerdo que en el 84 Jaime Lusinchi había ganado las elecciones en Venezuela y a su asunción viajaron funcionarios nicaragüenses. El canciller de Nicaragua era entonces Miguel D´Escoto y el vicecanciller Víctor Tinoco y ahí en Caracas, en una reunión con gente de la cancillería argentina, se interesaron por el decreto en contra nuestro y, en particular, por mi caso. La respuesta obtenida de los funcionarios argentinos fue que el gobierno no pretendía perseguirnos, sino que con ese decreto lo que en realidad buscaban era justificar el juicio a las Juntas, dando la idea de que se perseguía a todos por igual” (el resaltado es nuestro). Alfonsín en sus decretos no reconoció que en la Argentina se había librado una guerra no convencional (“guerra revolucionaria”) contradiciendo el espíritu de lo que expresara como defensor de terroristas en 1972. Tampoco reconoció que las acciones terroristas en su enfrentamiento con las instituciones del Estado habían comenzado antes del 24 de marzo de1976 (inicio del gobierno militar de facto), ya que a esa fecha y durante los gobiernos constitucionales instaurados desde 1973 se habían producido más de 900 desaparecidos y otra cifra similar de muertos entre las partes enfrentadas. (los terroristas, contra la sociedad y sus instituciones republicanas). El Congreso de la Nación y la clase política del país, acompañó y convalidó la acción anticonstitucional dirigida contra las FFAA y fuerzas subordinadas en la guerra contrarevolucionaria. 2. La CONADEP y su informe, detonante de la campaña contra las FFAA y escenario para falsear datos y como intento de ocultar las acciones armadas de los militantes muertos y desaparecidos. A las 48 horas de emitir los decretos expresados dictó el decreto 187/83 creando una “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”destinada a determinar e identificar – mediante el procesamiento de denuncias - a todas las personas desaparecidas. Comisión especial anticonstitucional de hecho, por estar explícitamente prohibida por el Art 18 y por invadir la competencia del Poder Judicial. Los miembros designados para constituirla carecían de idoneidad profesional para realizar tareas típicamente judiciales a la vez que, en general, no garantizaban ecuanimidad en su trabajo ya que varios estaban ideológicamente enfrentados a las FFAA y dos eran padres de desaparecidos. La persona de más prestigio ante la comunidad, el doctor René Favaloro, a poco de andar renunció porque observó “falta de ética y de objetividad” en las tareas encaradas. (Ver B100. ) La CONADEP contó con la activa presencia y colaboración de todos los militantes de las organizaciones subversivas y de los familiares de muertos y desaparecidos y el apoyo de los partidos políticos de izquierda radicalizada, del Partido Comunista y de las ONG de DDHH que sólo defienden a los terroristas, atacando a las FFAA , de Seguridad y Policiales actuantes en la guerra contra el terrorismo subversivo. Posteriormente las denuncias presentadas sirvieron no sólo para juzgar a los comandantes de las FFAA sino también a sus subordinados, lo que además constituyó un “gran negocio” para abogados y los familiares de los terroristas subversivos muertos y desaparecidos. De resultas de su trabajo la comisión, produjo un “Informe” titulado “Nunca Más” elevado al presidente Alfonsín en septiembre de 1984. De acuerdo a sus “conclusiones” se confeccionaron 7.380 legajos de personas supuestamente desaparecidas (de los cuales sólo 4.905 tenían datos completos identificatorios incluyendo el número de documento). Increíblemente en esa parte final se expresa que se estimaba que los desaparecidos eran 8.960, (?) sin fundamentar donde estaban los eventuales 1.580 legajos faltantes o las razones de esa estimación. Como veremos, hasta el día de hoy arbitrariamente y como un recurso de acción psicológica tendiente a configurar la figura de “genocidio” se difunde por todos los medios de comunicación social que los desaparecidos fueron ¡30.000 !. Es interesante conocer que los listados de la CONADEP, se hicieron sobre la base de las nóminas efectuadas inicialmente por la Asamblea Permanente de los Derechos Humano (APDH) que fueran completados en oportunidad de la inspección al país de la Comisión Internacional De Derechos Humanos (Sep 1978)[1] y que los que efectuaban los registros jamás pedían a la familia o denunciantes la ideología ni la militancia política del afectado y por lo tanto tampoco se lo especificaba en los documentos elaborados. [2] Debemos dejar constancia que posteriormente, “varios desaparecidos” consignados como tales en el Informe de la CONADEP declararon en el posterior juicio a los comandantes, otros fueron encontrados en el extranjero e incluso aparecieron años después en distintos e importantes cargos oficiales de gobiernos posteriores (Ej: actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actual juez federal, actual Procurador General de la Nación, etc). Unos días después, el gobierno, con la intención de continuar su prevista “estrategia Gramsciana”, contra las FFAA, promulgó la Ley 23.040 que anuló la ley de amnistía general Nro 22.924, llamada “de Pacificación Nacional”, sancionada el 23 de septiembre de 1982 por el Gobierno Militar, que era la acción recomendada por el Derecho Humanitario[3]. 3. El juicio de los Comandantes militares integrantes de las Juntas de gobierno Es de justicia aclarar que a pesar del título “Juicio a las Juntas Militares” nunca se juzgó a las mismas como tales o sea por su actuación política, sino que se juzgó a “los Comandantes de cada Fuerza” como cabeza militar de cada una. Este hecho, junto con la fecha de inicio fijada en los decretos (24 de marzo de 1976) tenía el objetivo real y sectario de que no pudieran ser inculpados los políticos anteriores que gobernaron el país. Mientras tanto, por la renuncia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actuó durante el llamado “Proceso Militar”, Alfonsín nombró los cinco jueces para cubrir las nuevas vacantes, asegurándose el manejo de la justicia al más alto nivel. El Dr Leopoldo Shifrin, un enemigo ideológico de las FFAA, fue designado secretario. Esa Justicia no actuó conforme a derecho ya que, impulsada por el poder político, creó nuevas normas no existentes al momento de los hechos que se imputaban , así como utilizó otras que violentaban los preceptos constitucionales y del Derecho Internacional. Entre ellas: El gobierno modificó la ley 14.029 (Código de Justicia Militar) a efectos de sacar a los miembros de la Juntas Militares de sus jueces naturales , en violación del Art 18 de la Constitución Nacional . También ordenó que el juicio se realizara con característica de sumario (para impactar en la opinión pública nacional e internacional y no se diluyera en el tiempo) e impartió instrucciones para que no se aceptase que había habido una guerra. (Ver B117.) Se violó el Art 18 que dice: “Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa” ya que se juzgó imputando delitos inexistentes en nuestro código penal y “por una comisión especial” carente de idoneidad y competencia. Se violó la norma del derecho de aplicación de la ley más benigna. Se violó el principio constitucional de inocencia con la aplicación de prisiones preventivas permanentes , no ajustadas a sus fines cautelares. Se violó el principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos. Mientras se realizaba el proceso señalado, el gobierno utilizó varios subterfugios e incluso dos leyes con normas para conmutar penas y presentar impugnaciones a condenas firmes dictadas por tribunales militares. En poco tiempo todos los terroristas subversivos detenidos por crímenes y atentados quedaron libres. El juicio a las Juntas Militares fue el inicio de la campaña de desprestigio, no sólo de los comandantes de las fuerzas, sino de todas las FFAA por los procedimientos utilizados en la lucha contra el terrorismo, mostrándolas como victimarias de jóvenes “idealistas” que actuaban políticamente. Al respecto, el máximo dirigente montonero Mario E. Firmenich desmintió esto último en una entrevista publicada el 17 de marzo de 1991 cuando expresó al periodista Jesús Quinteros :“Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte. Hombres capaces de elegir su vida y de dejar posibilidades laborales, intelectuales, lo han hecho con conciencia, con pasión, con sacrificio, con patriotismo, con amor al prójimo y todo eso se transformó en una estupidez. No hay derecho” Todas estas anomalías jurídicas (y judiciales), previo un enorme trabajo de acción sicológica, llevaron a que los gobiernos subsiguientes continuaran con variaciones una política de derechos humanos desnaturalizados y parcializados que se han convertido a la fecha en el mayor problema de desunión del pueblo argentino y en un enorme descrédito institucional del sistema jurídico de nuestro país y lo que es más grave, esta situación afecta profundamente la moral actual y la disciplina futura de las FFAA y por ende el sistema de defensa nacional (hoy casi inexistente) Ver documento-“Presos Políticos en Argentina”, que sintetiza todo el proceso referido. Con Alfonsín también se inició la llamada “desmalvinización”, es decir las acciones de crítica a la guerra contra Gran Bretaña apoyadas por una campaña de desprestigio a los oficiales y suboficiales y ensalzamiento a los jóvenes soldados. Además hubo en general una falta de protección del gobierno a los veteranos ex combatientes, muchos de los cuales poseían secuelas típicas de todo conflicto armado, que originaron un número importante de suicidios y de otros problemas psicológicos. Tampoco se arbitraron las medidas para dar un resarcimiento económico y moral a quienes expusieron sus vidas en el frente de batalla con el apoyo de todo el pueblo argentino. 4. Las denuncias como eje de la campaña de acción psicológica contra las FFAA . Los dirigentes trotzkistas y comunistas (aún algunos con disfraz de peronistas) además de instruirse en Cuba, donde se aprecia concurrieron unos 5.000 militantes a lo largo de casi 15 años para ser adoctrinados y adiestrados en técnicas de guerrilla urbana y rural, también tuvieron aceitados lazos con gobiernos, sindicatos y ONG europeas de izquierda, iniciados en 1974 por la estructura “solidaridad internacional” del PRT-ERP fue profundizada notablemente durante el exilio de los militantes de todas las organizaciones terroristas que, por la derrota militar, se generalizó a partir de 1977. Esa masiva huida del país incluyó a las cúpulas de las organizaciones terroristas debido a la cantidad de militantes detenidos que estaban delatando a sus compañeros. Fieles a sus convicciones ideológicas continuaron desde allá atacando al gobierno y FFAA con las frases hechas de : “en Argentina hay un genocidio”, “los opositores políticos son secuestrados torturados y desaparecidos”, “no existe el estado de derecho”, “es una dictadura feroz”, “hay 30.000 desaparecidos” etc, Eran frecuentes las reuniones de prensa en las que se presentaba a algún liberado de los “centros de reunión de prisioneros” (liberados por haber colaborado con las fuerzas legales) quienes denunciaban apremios y torturas inimaginables al solo efecto de reducir el sentimiento de culpa por sus delaciones, que habían facilitado en forma gravitante la destrucción de las organizaciones terroristas subversivas de las que formaban parte. Con ese fin se crearon en los principales países europeos “estructuras de apoyo y solidaridad” para denunciar al gobierno argentino ocultando que formaban parte de organizaciones políticas armadas que habían iniciado el conflicto para tomar el poder por la fuerza y haciéndose pasar como militantes sociales y políticos. Entre ellos: Comisión Argentina de los Derechos Humanos -CADHU-; Comisión de Solidaridad de Familiares de presos, muertos y desaparecidos en la Argentina –COSOFAM-;. Comité Argentino de Información y Solidaridad –CAIS- creado por la “Junta Coordinadora Revolucionaria” –JCR- (integrada por el ERP, el MIR chileno, Tupamaros y ELN de Bolivia (Ver B014. y B029.) Es necesario recalcar que a lo largo de todos los gobiernos constitucionales a partir de 1983, hubo consenso entre los partidos políticos para censurar a las FFAA por los procedimientos adoptados, que decían ignorar “por ser ello políticamente correcto”. Al margen de los altibajos legales en el tratamiento de una guerra judicializada la campaña de acción sicológica contra los militares en relación a esos procedimientos utilizados continúa atizada por los elementos de izquierda política, ONG de DDHH de los terroristas, sus familiares, etc. Es difícil encontrar una campaña de ese tipo contra un sector de la sociedad tan prolongada (lleva 25 años ejecutándose), tan incisiva , tan constante y en la cual hayan sido utilizados tantos medios, procedimientos y recursos financieros aportados por el Estado. Justamente contra el sector que es constitucionalmente el brazo armado de la Nación. La nueva ley de Defensa Nacional 23.554 del gobierno radical. Fue promulgada en 1988 luego de tres años de tratamiento. Es incompleta y peca de anacrónica al no considerar – por razones ideológicas – las "Nuevas Amenazas", que en definitiva son las generadoras de la casi totalidad de conflictos que suceden en el siglo XXI dentro de la categoría de “Crimen internacional organizado” : como el fundamentalismo religioso, el terrorismo, el narcotráfico y lavado de dinero, además de las amenazas energéticas y a los recursos naturales. El tiempo transcurrido desde la promulgación y su reglamentación (casi 20 años) fue responsabilidad constitucional de los distintos presidentes que gobernaron el país. Por su parte el Consejo de Defensa no cumplió en hacer los proyectos de leyes mínimas necesarias para completar el Sistema de Defensa. La suma de estas omisiones demuestra el desinterés, la falta de conciencia e ignorancia de nuestra dirigencia política sobre la necesidad de establecer una política de Seguridad Nacional imprescindible para establecer cuáles son los desafíos y amenazas y cómo enfrentarlos En diciembre de 2001 el gobierno del Dr Menem promulgó la Ley 25.520 o Ley de Inteligencia Nacional . En coherencia con la anterior – Ley de Defensa – prohibía a las FFAA realizar la inteligencia en el país necesaria para poder prevenir o enfrentar las “nuevas amenazas”. El proporcionar la información e inteligencia necesaria para esos casos se asignaba como obligación de la Secretaría de Inteligencia (SI) dependiente de la Presidencia de la Nación, convertida hoy en un instrumento político para “controlar a la oposición” y espiar empresas para generar negocios de los empresarios afines al gobierno. Consideraciones sobre el contenido de este boletín: 1.- La inequitativa interpretación de la justicia del gobierno del Dr Alfonsín, en línea con los postulados de Gramsci respecto a destruir y debilitar, entre otras instituciones a las FFAA, inició la judicialización de una guerra no convencional – revolucionaria – logró que a la fecha sólo exista un único grupo de perseguidos por ese conflicto armado: los miembros de la institución militar que habían recibido del poder político constitucional la orden de aniquilar a los guerrilleros. 2.- Ese gobierno , para satisfacer su ala izquierda y los deseos de familiares y militantes revolucionarios (organizados en ONG de DDHH unilaterales) que habían perdido la guerra que iniciaron, vulneró el sentido del “Derecho Internacional humanitario” respecto a qué hacer luego de una guerra interna, provocando que 30 años después, por revancha, la Defensa nacional esté seriamente afectada (“Estado de Indefensión”). 3.- La realización de los juicios a los Comandantes fue un enorme show para el país y el exterior con el fin de hacer aparecer a Alfonsín como el paladín de los DDHH, camino al “Nobel de la Paz”. Los testigos y los presuntos torturados instruidos por los abogados de DDHH – cuya estrategia iba mucho más allá de ese juicio – relataron cosas aberrantes para impactar a la población, que a su vez era “bombardeada” por una aviesa campaña de acción psicológica que presentaba a los militantes de organizaciones armadas terroristas como inocentes jóvenes que sólo habían sido críticos del gobierno. Las sentencia condenatoria a los Comandantes abrió las puertas para impulsar nuevos y masivos juicios a los integrantes de las FFAA y a otras fuerzas que actuaron subordinadas , al margen de su jerarquía. Sin embargo esa sentencia, luego ratificada por la Corte Suprema de Justicia – adicta al Poder Político- en su lado positivo dejó establecido que no hubo condenas por delitos de genocidio, lesa humanidad, ni plan sistemático de apropiación de menores. Delitos todos que aún hoy se intenta imputar a los mismos actores. La avalancha de citaciones e imputaciones a oficiales y suboficiales que en la época de los hechos eran subalternos provocó gran inquietud en los cuadros, los que entre 1987 y 1989 produjeron varios motines en Ejército contra los jefes de Estado Mayor por considerar que no defendían adecuadamente a sus subordinados. A raíz de esas acciones, el gobierno – que no quería dictar una Ley de Amnistía y que había anulado la dictada por el gobierno militar antes de entregar el poder – envió dos leyes al Congreso Nacional que fueron aprobadas : la Ley de “Punto Final” y la de “Obediencia Debida”, que temporariamente detuvieron la persecución política por medios jurídicos a los cuadros de las FFAA y elementos subordinados. 4.- Estas situaciones descriptas incidieron en la disciplina y espíritu de cuerpo de las FFAA pues al judicializar una guerra provocaron, por medio de los procesos penales, que cuadros de las menores graduaciones fueran detenidos y jefes y oficiales superiores estuvieran en libertad a pesar que las FFAA obraron institucionalmente. 5.- Con respecto a la Ley de Defensa ¿Es posible que aún (año 2010) no se hayan promulgado leyes mínimamente necesarias cuando la Ley de 1988, otorgaba 365 días para su promulgación, como por ejemplo la ley orgánica de producción para la defensa?... ¿Podemos prepararnos para un conflicto armado o una crisis internacional severa sin ley de movilización y entrenamiento de las reservas?... por citar sólo dos de las normas que aún no han llegado al Congreso, 20 años después. Todo esto ocurre mientras el país tiene parte de su territorio bajo el poder de un país extranjero – las Islas Malvinas y otras – y otros territorios de la Antártida se encuentran bajo el riesgo de reclamo o acciones de terceros países, sin contar los problemas futuros emergentes de la gran extensión de nuestro país, de su muy importante plataforma marítima y la enorme cantidad de recursos disponibles, en nuestro suelo y bajo nuestro mar. La síntesis final de las consideraciones relativas a la Ley de Defensa vigente y su instrumentación se puede resumir en una sola frase: "Nuestro país permanecerá totalmente indefenso por mucho tiempo mientras prevalezcan la ideología y necesidades partidarias por sobre los intereses nacionales”.
“LA GUERRILLA EN SUS LIBROS” Del Dr Enrique Díaz Araujo. Ed “El Testigo” Tomos I y II Se trata de un trabajo encomiable, elaborado por un conocido abogado mendocino, docente e historiador de notables conocimientos y fecunda producción - ha escrito más de 40 libros – con repercusión nacional y latinoamericana. A través de una labor de análisis documental y comparación de libros de fuentes ideológicas contrapuestas, va señalando con minuciosidad las mentiras, tergiversaciones y omisiones sobre nuestra historia reciente. En particular demuele en forma categórica aquellos mitos generados por las ONG defensoras del terrorismo, incorporados por los sucesivos gobiernos desde 1983 y repetidos a rajatabla por los medios de comunicación afines y los personeros del llamado “progresismo”. Su lectura y difusión permitirá recuperar nuestra historia en forma integral, como así también identificar a quienes trabajan para consolidar la unión nacional y a los que operan en sentido contrario.
REFLEXION ARGENTINA FUE ATACADA POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL AYER LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA - EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENO A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS - LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES CUMPLIERON LO ORDENADO - HOY LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS CON LEGISLACION ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS, INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACION. - LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONOMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRIMENES CONSIDERADOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD. LOS TERRORISTAS ESTAN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO. - ¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ? (art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL) - NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY [1] En la oportunidad lograron registrar más de 5.580 desaparecidos. Graciela Fernández Meijide, secretaria de la CONADEP, en su lib

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