NUESTRA HISTORIA COMPLETA

B130-Operación “Dignidad”. Temas desarrollados : Antecedentes. Medidas y acciones que crearon un clima de hostilidad contra las FFAA. Causalidad de los sucesos producidos en Semana Santa. Antecedentes. El levantamiento de los oficiales del Ejército durante la conmemoración de Semana Santa, en abril de 1987, no fue un acto espontáneo producido por una acción singular, sino la culminación de un proceso que se inició con la asunción del gobierno radical, el 10 de diciembre de 1983. A partir de esa fecha comenzaron a ejecutarse acciones de todo tipo que, poco a poco, constituyeron una real ofensiva contra las FFAA y fuerzas subordinadas, que habían participado en las acciones de contrasubversión y contraterrorismo en la guerra interna iniciada a fines de la década del 60, por las organizaciones político militares ilegales que pretendieron tomar el poder por las armas. Ya, el día que ganó las elecciones Alfonsín, una banda de jóvenes integrantes de la juventud radical, rodeó las viviendas de la guarnición militar de La Plata donde vivían jóvenes oficiales con sus familias, algunos de ellos combatientes condecorados en la guerra de Malvinas, donde ese Regimiento luchó sufriendo importante cantidad de cuadros muertos y heridos. Allí, los desaforados jóvenes alfonsinistas gritaban frente a las casas: “paredón, paredón a los milicos que vendieron la nación”, provocando temor y frustración en las esposas y niños que no entendían el por qué de esas agresiones. Agresiones y ofensas similares se reprodujeron en las escuelas públicas por parte de maestros y alumnos contra hijos de militares o sus esposas que se desempeñaban como maestras y profesoras, varias de las cuales tuvieron que cambiar de establecimiento o renunciar a sus cargos. Durante ese año y siguientes, la casi totalidad de suboficiales y oficiales retirados que desempeñaban cargos en organismos del Estado fueron obligados a renunciar o cesanteados, aún cuando hubieran accedido a sus puestos por concurso. Otras acciones del gobierno, alentadas por los terroristas, sus familiares y organismos de “pseudos derechos humanos”, configuraron un plan integral para afectar el prestigio de las Fuerzas Armadas, presentando a sus cuadros como delincuentes comunes que habían cometido delitos incursos en el Código Penal, mientras ellos accionaban a favor de los victimarios terroristas transformándolos en víctimas primero, luego en idealistas revolucionarios y por último en héroes de una gesta republicana. Medidas y acciones que crearon un clima de hostilidad contra las FFAA. A pesar de que los temas han sido desarrollados en los boletines anteriores a esta segunda etapa, que comenzó con el gobierno radical de Alfonsín, haremos referencia a todas aquellas medidas y acciones que iniciaron la agresión a las Fuerzas Armadas , mediante el uso de una estrategia “gramsciana” de destrucción de lo existente. ( Ver Boletín Nro 82) , presentándolas como únicas responsables, política y penalmente, de la “guerra revolucionaria” desatada en el país con impulso y ayuda internacional, sumándose a los conflictos provocados en países periféricos, como parte de la estrategia de la “Guerra Fría” existente entre las dos grandes potencias de la época. Creación de la CONADEP ( comisión especial) y posterior uso ilegal de esa información con denuncias contra miembros de las FFAA, de SS y PP y sin extremar ninguna medida para asegurar la exactitud de esas denuncias.( Ver Boletín Nro 121) Presentar esas denuncias en los medios de comunicación social como parte de una gran campaña de acción sicológica para transformar a los victimarios en víctimas sociales y políticas, y a las fuerzas que defendieron al Estado y a sus instituciones, como delincuentes comunes que obraron por su cuenta (por sadismo o beneficio propio), desvirtuando ante la opinión pública, el desarrollo y las tácticas empleadas en una guerra no convencional de estas características. La aplicación del Código de Justicia Militar, modificado a posteriori de los hechos imputados vulnerando la Constitución Nacional, relativizando la “obediencia debida”, pilar de la disciplina de toda Fuerza Armada, hecho que dejó desprotegidas legalmente a todas las jerarquías inferiores . Someter a un “juicio sumario” a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares, apartándolos de sus jueces naturales, vulnerando la Constitución Nacional y normas del Derecho internacional, con el objeto de mostrar un “Show” a la ciudadanía y al mundo entero, presentando testigos “inhábiles” que no cumplían con los requisitos legales mínimos exigibles previstos en el Código de Justicia Militar y el Código Penal, (eran parientes, terroristas, víctimas, etc) que se presentaban como pacíficos ciudadanos atacados sin razón y cuyas “atroces” explicaciones televisadas – nunca comprobadas- a pesar de no constituir pruebas, contribuyeron a crear un estado de repulsa contra los miembros de las fuerzas legales y a victimizar a asesinos terroristas como si fueran jóvenes idealistas y patriotas. Judicializar una guerra interna (no convencional) y establecer arbitrariamente el 24 de marzo de 1976 como fecha de iniciación de las acciones judiciales, exculpando con ello de toda la responsabilidad a los dirigentes políticos y funcionarios de los tres Poderes que durante el período constitucional (1973-1976) fueron precisamente quienes, por acción u omisión, generaron o facilitaron la aparición e importante desarrollo de la “guerra revolucionaria”, que durante ese período ya había producido muchos muertos y 922 desapariciones forzadas. Atacar exclusivamente a los integrantes de las FFAA y elementos subordinados, por las consecuencias de esa guerra interna, ya que no existió una real intención del gobierno de perseguir y enjuiciar a quienes habían declarado la guerra al Estado y a sus instituciones. El posterior juzgamiento de unos pocos terroristas subversivos, constituyó una “parodia de trato equitativo”, que intentó justificar la persecución de los comandantes militares que luego derivaría en el juzgamiento a jerarquías medias e inferiores. La disminución drástica del presupuesto militar que afectó el mantenimiento de los equipos, la reposición de armamento, de vestuario, la posibilidad de instrucción y de entrenamiento de cuadros y soldados, así como la calidad del reclutamiento de los institutos de formación de oficiales y suboficiales, cuyo desprestigio ante los ojos de la juventud hizo que la carrera militar perdiera una importante cantidad de postulantes y consideración en el ámbito social. La profundización de la campaña contra la guerra de Malvinas y la actuación de los cuadros y soldados, mediante el uso de los medios de comunicación social incluyendo la película “Los chicos de la guerra”, donde se presentó en la parte táctica a los oficiales y suboficiales como cobardes y despreocupados por sus soldados, lo que constituye una afrenta a la memoria de los oficiales y suboficiales que, dando el ejemplo y en primera línea, murieron o fueron heridos en una proporción mayor que los soldados. En 1985 comenzaron a precipitarse los acontecimientos con las citaciones judiciales de tribunales civiles ( ajena jurisdicción y competencia de acuerdo a la ley vigente) para ir a declarar a oficiales que en la época de la guerra contraterrorista tenían las jerarquías más bajas en la escala militar, corriendo el riesgo de quedar imputados. Allí comenzó a producirse en ellos, una sensación de abandono o despreocupación de sus mandos superiores. A su vez, las cúpulas militares se encontraban frente a una encrucijada caracterizada por las siguientes contradicciones: - Por un lado, estaban convencidos de que debían preservar de persecuciones a los subordinados que se habían empeñado en la guerra ordenada por el poder constitucional y que habían sufrido personalmente sus consecuencias, para finalmente triunfar en el terreno de las armas sobre los enemigos del Estado Nacional. - Por otra parte y dadas las negativas experiencias de anteriores rupturas del orden constitucional, querían respetar a ultranza su apego a la legalidad , lo que los indujo equivocadamente a retacear información sobre el real estado de descontento y efervescencia que afectaba a los cuadros, confiando en la prometida solución política del gobierno, que no sólo no llegó a concretarse, sino que dio por tierra con todas las previsiones en tal sentido. (los famosos “niveles de responsabilidad” enunciados por Alfonsín). Causalidad de los sucesos producidos en Semana Santa. A modo de colofón de todos los hechos que conformaron la gestación de la “Operación Dignidad”, puede afirmarse que ellos tuvieron su raíz en la afectación de dos principios-valores esenciales para la marcha normal de cualquier sociedad: verdad y justicia. El gran error del gobierno nacional fue haber judicializado una guerra interna e ir contra las recomendaciones del Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 1949 (dictado de una amplia amnistía). Este “error” por razones políticas e ideológicas que aún está pagando la sociedad, nos llevó forzada e indebidamente al campo del Derecho Penal , a la vez que afectó en forma profunda aquellos valores de Justicia y Verdad: Fue injusto que : Se enjuiciara a suboficiales y oficiales de menor graduación por cumplir órdenes superiores. Simultáneamente se exonerara de toda responsabilidad a la dirigencia política y de otros ámbitos, por las gravísimas responsabilidades que les cabían por el nacimiento y desarrollo de la subversión revolucionaria terrorista. Deliberadamente no se promoviera una acción similar contra los miembros de las organizaciones terroristas subversivas que iniciaron la guerra, salvo un simulacro a un grupo reducido de cabecillas, para aparentar equidad en el trato. Se juzgara a las Juntas Militares y elementos subordinados con leyes posteriores a la comisión de los hechos, lo que está prohibido por la Constitución Nacional ( Art 18). Se apartara a los militares de sus jueces naturales. También prohibido por la Constitución . Se relativizara el instituto de la “obediencia debida”, para extender los juicios a niveles medios e Inferiores. Fue mentira que: La guerra contrarrevolucionaria hubiera sido iniciada por los militares el 24 de marzo de 1976. Las denuncias e informes de la CONADEP fueran hechos por testigos hábiles. Lo hicieron personas que eran terroristas liberados, familiares y amigos de éstos, instruidos previamente por los abogados, por lo que muchos testimonios fueron deliberadamente falsos . Esa guerra haya sido librada por “dos demonios”. Ya que la subversión terrorista atacó al Estado y a su sociedad indiscriminadamente, provocando una reacción general de la ciudadanía que apoyó a sus FFAA en forma decisiva. El gobierno actuó con equidad y espíritu de justicia en los juicios a los militares, cuando estuvieron signados de animosidad manifiesta, a la vez que se violaron en ellas clarísimas normas constitucionales y preceptos universales del Derecho. Que no hubo una guerra interna, ya que la misma Cámara Federal en lo Penal que juzgó a los Integrantes de las Juntas Militares estableció que todo lo actuado confirmaba que era parte de la “Guerra Revolucionaria”, expresando además en su sentencia que “la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento, posiblemente no se hubieran producidos” Pensamos que muchas de las afirmaciones que enunciamos precedentemente, sin duda, deben haber estado formando parte de las cavilaciones de aquellos jóvenes militares, tenientes y subtenientes en 1975, que ocho años después y ya capitanes, eran citados ante tribunales civiles para responder por “delitos de lesa humanidad”. Ellos se habían empeñado en una guerra revolucionaria, declarada e iniciada por un enemigo interno, que no tenía reglas ni respetaba las convenciones internacionales para conflictos armados, y que recibían mandatos y apoyos de regímenes comunistas de entonces. Habían combatido respetando la institucionalidad de su cadena de mandos que los compelía a “aniquilar al terrorismo subversivo”, tal como rezaba el decreto de la presidente de la Nación y la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa. No podían (ni querían) entender cómo después de haberse expuesto en defensa del Estado y sus instituciones y haber derrotado militarmente a las organizaciones terroristas tal cual les ordenaron, el gobierno surgido merced a esos sacrificios los trataba como criminales, sin considerar las características específicas de la guerra vivida, que había requerido la aplicación de una doctrina y procedimientos, también específicos, previstos en los reglamentos oficiales. No se puede entender cómo, el primer gobierno democrático, después de la tragedia vivida entre connacionales, no cumpliera con las recomendaciones del Protocolo II (de 1977) a los tratados de Ginebra de 1949 que es siempre: dictar una “amplia amnistía” . Sus líderes, presionados por las pseudo organizaciones izquierdistas de DDHH, los terroristas y los familiares de éstos, vulneraron la Constitución y las leyes – que decían defender - para perseguir a las fuerzas legales que defendieron al Estado y sus instituciones llevándonos, 25 años después, a la desunión y a la situación actual de malversación histórica y de persecución política a las FFAA. Alfonsín, quien en 1977 firmó junto con otros dirigentes radicales un documento de apoyo al gobierno militar, y que en 1978 , según rumores políticos y teniendo en cuenta su amistad desde el secundario con el general Albano Arguindegui, Ministro del Interior, (fueron compañeros en el Liceo Militar Grl San Martín) pretendía ser el “Primer Ministro” de una transición democrática que surgiría de una reforma constitucional hecha por los militares,(Sociólogo José Sebrelli y otras fuentes, incluyendo declaraciones en marzo de 2001 del terrorista Mario E. Firmenich)al asumir la presidencia, pretendió convertirse en adalid de los Derechos Humanos transformándose en el instrumento de venganza de un meditado plan de la izquierda terrorista argentina con importante apoyo internacional, que aún hoy – 25 años después - divide a los argentinos, desprestigia a las FFAA y afecta nuestra Defensa Nacional. Creemos también que los “altos mandos” de las Fuerzas Armadas del reinicio de esa nueva etapa republicana, se equivocaron al confiar en los dirigentes políticos argentinos que habían demostrado pocas intenciones de asumir la responsabilidad que tuvieron ellos en el crecimiento y desarrollo de la guerra interna, preocupándose sólo de lograr disminuir el poder real y político de las FFAA, aún a costa de destruir la Defensa Nacional y dejar al país inerme ante cualquier tipo de conflicto que necesite del empleo del Poder Militar. Eso y más que ello, fue seguramente la visión que tuvieron los jefes y oficiales que lucharon contra los revolucionarios terroristas de los 70, algunos de los cuales, por la situación imperante y ante la desconfianza hacia sus comandos superiores, transformaron en acción lo que estaba en su convicción. Creemos que aquí se encuentra el germen de la “Operación Dignidad” . Por último queremos dejar en los lectores el conocimiento sobre una realidad poco expresada y reconocida : No es justo imputar las acciones de la guerra civil contrarrevolucionaria sólo a los miembros de las fuerzas legales que por razón de funciones (destino , grado y cargo) hayan debido intervenir directamente en la primera línea para el aniquilamiento de los terroristas subversivos, y eximir de cualquier responsabilidad a aquellos que circunstancialmente estuvieron en otras tareas y lugares, pero que no podían ignorar las circunstancias y métodos empleados. Unos pocos que no lo compartieron se fueron de baja o retiro. Si el criterio expuesto se aplicara sin hipocresía ni especulaciones políticas, no existiría un grupo minoritario de “chivos expiatorios” que cargaran con todas las culpas de la guerra contra revolucionaria y a los que se persigue “sine die”, más allá de límites legales o judiciales. A fuer de justicia y equidad, la totalidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas y las que estuvieron subordinadas, deberían caer en similar encuadre , ya que (salvo las excepciones citadas) todos conocían y aceptaron el rol que les cupo en las operaciones bélicas contra el terrorismo. Dejamos a cargo de nuestros lectores la apreciación sobre la conmoción institucional que podría afectar a nuestra República en el caso que se sancionara en general a sus Fuerzas Armadas por haber ganado una guerra que comprometía la continuidad del Edtado y por mandato directo de la más alta investidura política y militar de la Nación. FIN DEL BOLETÍN Nro 130.-